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Es indudable el gran avance que hemos conseguido en nuestra forma de entender y atender a las personas con algún tipo de discapacidad a lo largo de la historia de nuestras sociedades. Esta forma de atenderla ha pasado por diferentes paradigmas, que van desde la “exclusión” a la “segregación”, la “integración” y finalmente la “inclusión”.

A nivel mundial, estas cuatro formas de entender y atender a las personas con discapacidad todavía se encuentran presentes con más o menos intensidad. Para garantizar el conjunto de derechos de las personas, en especial de las presentan algún tipo de vulnerabilidad, ha resultado de vital importancia la acción de las organizaciones no gubernamentales,  junto con la acción de organizaciones internacionales, entre las que queremos destacar la Organización de Naciones Unidas ONU. Una de las últimas acciones desarrolladas e impulsadas por la ONU en este sentido, ha sido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Esta Convención, aprobada en diciembre de 2006, ha sido la Convención de las Naciones Unidas con mayor número de signatarios. Los Estados que lo ratificaron se comprometieron   a desarrollar y hacer cumplir un conjunto de medidas de carácter político y legislativo encaminadas a garantizar, no sólo, la no discriminación, sino la inclusión efectiva y equitativa en todos y cada uno de los derechos humanos, de todas las personas, mediante el impulso de acciones positivas. La Convención obligaba de esta forma al conjunto de países a proceder a la adaptación de sus ordenamientos jurídicos.

Esta nueva situación, en la que los derechos de las personas con discapacidad ya se encuentran reconocidos y plasmados en las leyes de mayor rango, debe ahora dar un paso hacia una nueva forma de entender la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el de “EXIGIR” su cumplimiento. Esto requiere de la necesidad de “emponderar” al conjunto de personas implicadas, para que ejerzan las acciones, de carácter jurídico, necesarias para hacer efectivos esos derechos.

Destacar en este post el artículo 21 de esta convención de la ONU, que hace referencia al Derecho a la Educación. En él se destaca, y se consagra, el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Los Estados firmantes, deberán asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás, y en la comunidad en la que viven. (ONU, 2006). Este mismo artículo establece que se deben hacer ajustes razonables en función de las necesidades individuales de cada persona, así como facilitar las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en aquellos entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. (Artículo 21, apartado 2 e).

Uno de los profesionales con más responsabilidad para contribuir a hacer efectivo este derecho es la figura del Psicopedagogo, el cual resulta una pieza fundamental para garantizar, a través del conjunto de funciones asignadas a los servicios de orientación, el desarrollo de una escuela inclusiva, respetuosa con el conjunto de derechos de las personas con discapacidad. Para conseguir este objetivo, es necesario contribuir a transformar los sistemas escolares mediante una nueva forma de entender y atender el acto educativo, en el que van a concurrir diversas capacidades y ritmos de aprendizaje que deben convivir conjuntamente. Esto requiere de nuevas metodologías docentes, que deben estar basadas en evidencias científicas, así como la implicación del conjunto de la comunidad educativa, contribuyendo a desarrollar e implementar verdaderas comunidades de aprendizaje que permitan hacer posible, el cumplimiento de los grandes principios que rigen la inclusión escolar.

Simultáneamente, es necesario y fundamental desarrollar acciones que emponderen a las familias, y a las asociaciones a las que pertenecen, para que sean capaces de exigir, e incluso denunciar las situaciones en las que no se  cumplan estos principios, es decir, que no sean capaces de poner en marcha las actuaciones educativas que deben conducir a hacer efectivo el derecho a la participación activa, significativa y satisfactoria a la que todo ser humano tiene derecho.

La primera parte del camino ya está recorrido. En nuestras manos está el hacer de la Educación una Educación Inclusiva, una educación para todos que, por derecho, todas las personas con discapacidad tienen reconocido. Es hora de ponernos en marcha.

 

https://youtu.be/54Zl5bMBY-Y

 

Laura Sánchez Pujalte

Profesora colaboradora del Máster en Psicopedagogía de la VIU