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  • “Nos vamos a encontrar en que en determinadas Comunidades Autónomas sean los jueces los que tomen las medidas de lo que se va a implantar, ya que a la hora de avalar estas medidas no hay un criterio uniforme, ni en la forma de pedir los avales se va todos a una. Por lo que se pueden tener unas semanas de descontrol y de desconfianza jurídica.”
  • “Creo que habría que recurrir al Consejo Interterritorial de Sanidad con el objetivo de frenar las diferentes velocidades de cada CCAA, es muy complicado trazar la línea de lo que el Gobierno puede decidir o no. “

 

La Dra. Raquel Valle Escolano es doctora en derecho y docente en el Grado de Derecho de VIU. Ha sido Directora Adjunta de Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y actualmente es responsable de Derechos y Buenas Prácticas de la Confederación Autismo España. Además, es especialista en Derecho Constitucional, por lo que nos pusimos en contacto con ella para analizar las posibles consecuencias del fin del estado de alarma.

¿Una vez se levante el Estado de alarma, que va a pasar? ¿Se va a terminar el toque de queda, se pondrá fin a los confinamientos perimetrales, se va a incrementar el número de personas en las reuniones sociales?

Como hemos podido conocer estas semanas las Comunidades Autónomas una vez que decaiga el estado de alarma van a tener potestad de poder dictar y mantener medidas.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de Ley que establece que determinadas medidas sociales esenciales debían de continuar, aunque este Estado de Alarma finalizase. Para ello estableció una serie de mecanismos para asegurar que las CCAA pudieran seguir implantando medidas para frenar la pandemia. Estos mecanismos no son otros que el aval ante el Tribunal Superior de Justicia, es decir que los tribunales de justicia avalen estas medidas y con este aval declarar desde el Tribunal Superior de Justicia que  las Comunidades Autónomas puedan dictaminar lo que consideren.

El jueves pasado conocimos que había fallado ya el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y que permite que a partir del día 9 de mayo en Baleares siga vigente el toque de queda desde las 23:00 a las 6:00 horas y que se mantenga la limitación de 6 personas en las reuniones privadas. Con este fallo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se convierte en el primer Tribunal de muchos de los que van a fallar durante estos días en dar respaldo a medidas que en cierto modo suponen una restricción de derechos fundamentales después de que decaiga el Estado de alarma. Sin embargo, ayer por la tarde conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló en contra de autorizar el toque de queda, con lo que comienzan a aparecer ya las primeras divergencias entre comunidades.

Ya hemos conocido también que muchas Comunidades Autónomas ya han comenzado a señalar que es lo que van a solicitar a los Tribunales Superiores de Justicia y que medidas quieren seguir implantando. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, quiere seguir manteniendo el toque de queda de las 24:00 hasta las 6:00 horas y limitar los encuentros sociales a 10 personas tanto en el ámbito privado como en el público. En el caso de Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno, ha dicho que no quiere mantener ninguna medida. En este sentido, Aragón es una excepción ya que a pesar de que ha dicho que no va a implantar ninguna medida una vez decaiga el Estado de Alarma sí que tiene la posibilidad de dictar y empezar a decretar confinamientos conforme la evolución de la incidencia, debido a que en su día se aprobó una Ley Autonómica que permite que el Decreto Ley y siempre pasando por el Parlamento Autonómico poder aprobar en este ámbito.   

Al final, vemos como no hay unanimidad respecto que es lo que quiere hacer cada una de las Comunidades Autónomas. En este sentido, nos vamos a acabar encontrando que haya Tribunales Superiores de Justicia que en un momento dado dictaminen una cosa y que respecto a la misma cuestión otros Tribunales Superiores de Justicia de otra comunidad dictaminen otra. Por lo que va a tener que ser el Tribunal Supremo quien consiga unificar las decisiones que se vayan dando en los tribunales de las diferentes Comunidades Autónomas.

¿Qué pasará si los jueces dictan medidas diferentes en las diversas Comunidades Autónomas?

Vamos a encontrarnos Comunidades Autónomas que se encuentran a diferentes velocidades. Habrá Tribunales Superiores de Justicia de algunas regiones que avalen algunas cosas, mientras que uno de otra zona no lo avale, lo que va a permitir controlar la pandemia muy poco, ya que al final no sirve de nada que se confinen unas comunidades autónomas y otras no, permitiendo los desplazamientos. Esto queda muy bien reflejado en el caso de Madrid, ya que mucha gente de la que trabaja en la capital es de otras zonas de España, por lo que aunque algunos de esos territorios estén confinados pueden desplazarse para trabajar igualmente, por lo que los casos se irán trasladando.

En este sentido, el problema que puede haber es que haya Tribunales Superiores de Justicia que no quieran avalar estas medidas. En este Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno el pasado martes lo que hizo fue modificar la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que por primera vez se pueda ir al Tribunal Supremo. Es decir, que cuando el Tribunal Superior de Justicia no te dé la razón respecto a las medidas que se quieren imponer se tenga la posibilidad de ir al Tribunal Supremo. Sobre todo, lo que esto posibilita es una reducción de los plazos, ya que éste tiene la obligación de responder a las Comunidades Autónomas en el plazo de 5 días.

Con todo lo anterior, el Gobierno pretende que el Tribunal Supremo de una jurisprudencia que al final sea aplicable a todas las Comunidades Autónomas y que éstas intenten ir a la vez. Ayer el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo realizó un informe en el que ponía en tela de juicio ese Real Decreto Ley que había aprobado el Gobierno. Primero porque señalaban que esta no es la norma que tiene que regular los derechos fundamentales como es este caso y también porque aumenta la sobrecarga que van a tener como Tribunal de Alta Instancia. Por lo que establece el informe es que los derechos fundamentales se tienen que regular por ley orgánica. Además, no puede ser que un Decreto Ley que tiene menos rango que una Ley Orgánica regule este tipo de asuntos, por lo que en este sentido es verdad que jurídicamente hay cosas que aún no están muy claras. Además, hay que saber separar las tres patas que forman el ordenamiento constitucional, ya que los jueces no pueden acabar ejerciendo actividades del poder ejecutivo, por lo que nos vamos a encontrar en que en determinadas Comunidades Autónomas sean los jueces los que tomen las medidas de lo que se va a implantar, ya que a la hora de avalar estas medidas no hay un criterio uniforme, ni en la forma de pedir los avales se va todos a una. Por lo que se pueden tener unas semanas de descontrol y de desconfianza jurídica.

¿Hasta cuándo se va a dar esta situación de Comunidades Autónomas a dos velocidades?

Esta situación se va a dar hasta que el Tribunal Supremo se vea obligado a empezar a dictaminar sobre los recursos que le vayan llegando, y que vaya creando jurisprudencia. Ni dentro de los Tribunales Superiores de Justica existe consenso. El fallo que emitió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Baleares tenía 3 votos a favor y 2 en contra, por lo que no hay unanimidad en ninguna de las medias que se están estableciendo. Creo que a lo que tendríamos que ir es al Consejo Interterritorial de Sanidad, con el objetivo de frenar las diferentes velocidades, ya que las diversas CCAA deberían elevar un acuerdo, ya que estos son de carácter vinculante tanto para los consejeros que se abstienen como para los que votan a favor.

El problema que tenemos es de carácter competencial, ya que el Gobierno tiene la política general en materia de Sanidad, pero luego la sanidad y educación está delegada a las Comunidades Autónomas. Por lo que se puede producir un conflicto de competencias. Es muy complicado trazar la línea de lo que el Gobierno puede decidir o no.

¿Se pueden restringir horarios, y actividades puntales debido al incremento de la incidencia? ¿Y los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales los van a poder limitar, pero en ningún caso se van a poder suspender, y es ahí, durante el estado de alarma donde ha estado el quid de la cuestión. Al principio del estado de alarma había entre los constitucionalistas un debate muy grande sobre si tenía que haberse declarado este Estado de Alarma o si tenía que ser de Excepción. Esto se debe a que cuando hay una limitación de derechos, debe ser de Excepción. Como finalmente se vio que era una limitación y no una suspensión como tal de los derechos sí que se ha visto que es legal mantener el Estado de Alarma. Nos pueden limitar derechos, el problema es que no los pueden suspender completamente. Nos pueden limitar la libertad de movimiento en determinadas horas, pero no hacer un confinamiento domiciliario como ocurrió en los picos más altos de la crisis sanitaria. Además, se ha visto que las Comunidades Autónomas sí que tienen competencias para limitar esos derechos, por lo que la seguirán manteniendo, aunque no continúe el Estado de Alarma.

¿Puede convertirse el escenario tras Estado de Alarma en una situación de descontrol?

Sí, porque si ya de normal se están produciendo desplazamientos no me quiero imaginar cuando haya Comunidades Autónomas que no tengan ninguna restricción y otras que si las tengan. Esto es como convertir ciudadanos de primera y de segunda. Eso es lo que pasa también con ese pasaporte COVID para poder desplazarnos de un lado a otro, ya que no todo el mundo tiene acceso a la vacunación, por lo que supone una discriminación. Llevamos mucho tiempo con el Estado de Alarma y a pesar de la responsabilidad, mucha gente está ya cansada, por lo que va a ser un poco descontrol.