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En las últimas semanas el norte de España está asolado por numerosos incendios forestales que han afectado a las provincias de Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco, afectando a montes y masas forestales de considerable importancia y gran valor ecológico.

Desgraciadamente según denuncia Greenpeace, se produce una media de 20.000 incendios forestales al año de los cuales un 96% son producidos por el ser humano. Nuestro país tiene la estadística más alta de la Unión Europea en relación a este asunto, y parece evidente que la falta de prevención es uno de los motivos principales que se esgrimen entender este fenómeno, al margen de factores climatológicos y otras dificultades rurales de carácter estructural.

El medio ambiente debe protegerse y para ello hay normas jurídicas internacionales, comunitarias y también internas, las cuales están destinadas a garantizar dicha protección como una función pública. De hecho en nuestra Carta Magna de 1978, ya se recoge en el artículo 45 una preocupación sobre el medio ambiente al señalar “el derecho del ciudadano a disfrutar de él, pero el deber de conservarlo”.

Los incendios forestales son delitos ambientales que están tipificados en el Código Penal de 1995 y que sanciona con una pena de prisión de hasta 20 años al individuo que los provoque de manera intencionada. Si bien es cierto que a pesar de que las sentencias condenatorias son escasas, hay una mayor persecución de tales delitos entre otras cosas por la creación de Secciones especializadas en Medio Ambiente en las diferentes Fiscalías de nuestro territorio nacional.

Es necesario realizar acciones para concienciar sobre esta problemática que tienen que ir dirigidas a la ciudadanía, para asentar y fortalecer así los valores en educación ambiental, del mismo modo que formar a profesionales cualificados que puedan hacer frente a tales delitos, junto con la inestimable ayuda de las instituciones públicas. Además de lo anterior, se necesitan establecer protocolos de investigación para que la intervención en las diferentes tipologías de este delito pueda ser rápida y coordinada.

Los delitos ambientales en el derecho anglosajón son estudiados en el contexto de la Green Criminology (Criminología verde). Este nuevo campo dentro de la Criminología crítica se interesa básicamente por el estudio y la prevención de los delitos, infracciones y ataques contra el medio ambiente, las especies animales y el planeta.

El futuro de la Green Criminology en España está cada vez más cercano como lo demuestran algunas investigaciones recientes en este campo, aunque es evidente que se necesitan numerosos profesionales y una mayor capacidad de investigación para poder gestionar el estudio y análisis desde una perspectiva criminológica de los delitos ambientales y en concreto de los incendios forestales provocados.

Concretamente este tipo de delitos por su casuística, no sólo tienen un impacto sobre el medio rural y su fauna y flora, además obviamente de los habitantes del lugar, sino que también suponen unas grandes pérdidas económicas. Es por ello, que la aplicación y la aportación de esta rama de la Criminología a los incendios forestales en España, sería muy útil para prevenir tales delitos.

Todas las ponencias en el marco de las Jornadas Técnicas sobre incendios forestales en entornos de interfaz rural y educación ambiental celebradas en Toledo en noviembre de 2014.

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Documental sobre el Cambio climático realizado por National Geographic.

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Artículos relacionados:

Enériz Olaechea, F.J. (1996): « Una aproximación a los nuevos delitos medioambientales», Revista jurídica de Navarra, nº 21, 91-112.

Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio (2004): «Derecho ambiental: aspectos generales sobre la protección jurídica del medio ambiente», e-DeA, nº 12, pp.1-11.

Greenpeace, (2008): «Incendios forestales ¿El fin de la impunidad? Análisis de las sentencias por delito de incendio forestal en España », pp.1-32.

Lorena Menes Corrales
Profesora y criminóloga colaboradora del Master de criminología de la VIU