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El acoso escolar es una problemática estructural y creciente. Un informe elaborado por la UNESCO en 2019 desvela datos tan inquietantes como que aproximadamente uno de cada tres (32%) estudiantes ha sido acosado por sus compañeros en la escuela, durante uno o más días en el último mes y un 32,4% ha sido atacado físicamente al menos una vez en los últimos 12 meses. Otro estudio, este del observatorio para España de Acoso escolar sin fronteras, refleja que el acoso escolar ha aumentado un 20% en los últimos años. Por ello es fundamental promover la formación de especialistas cualificados en la prevención e intervención frente a problemáticas como el acoso escolar, la violencia escolar, el bullying y ciberbullying o la violencia de pareja adolescente, entre otros.

Para conocer, en voz de un experto, más sobre esta problemática y la importancia de la formación para aportar soluciones a ella, nos pusimos en contacto con el experto de VIU Miguel Ángel Martí Aras. Miguel Ángel es maestro de educación musical y primaria, máster en gestión y dirección de centros educativos, ejerce de inspector de educación adscrito a la Inspección general y es docente de VIU en la Maestría en Acoso Escolar y Mediación.

Con el traslado de las clases físicas al entorno online durante gran parte del curso escolar pareciera que se ha invisibilizado el tema del acoso escolar, sin embargo, sabemos que este toma otras formas como el ciberacoso ¿Crees que durante el último año el tema del acoso y la violencia escolar han sido infrarrepresentados en medios? ¿Ha disminuido el problema o simplemente se ha trasladado a otro entorno?

El estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 obligó a la toda la comunidad educativa, y especialmente a sus docentes y alumnado, a afrontar el enorme reto que ha supuesto la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial. Un reto que se ha extendido hasta el actual curso 2020-2021, pues en algunos centros y niveles educativos se han tenido que organizar la actividad lectiva en alternancia (días alternos) con objeto de cumplir los criterios sanitarios para la prevención y limitación de los contagios.

En este escenario, el foco, la noticia estaba precisamente en esto que comentábamos anteriormente. ¿Cómo íbamos a afrontar la docencia online? ¿están los docentes suficientemente formados? ¿cómo superamos la (evidente) brecha digital de una buena parte del alumnado? Y, por supuesto, ¿se puede conciliar la docencia a distancia en las etapas educativas no universitarias con las responsabilidades laborales de los progenitores de este alumnado?

Bajo mi punto de vista, la atención de los medios se ha centrado en cómo la Administración y la comunidad educativa en su conjunto trataba de ofrecer la mejor respuesta posible a una situación excepcional y desconocida en nuestra generación. Pero, al mismo tiempo afloraban otras consecuencias de la pandemia a los que se les daba menos importancia mediática. Entre ellas, cabe destacar el incremento significativo de horas de exposición a las redes sociales por parte del alumnado. Confinamiento domiciliario, alta exposición a las redes sociales y dificultades para que los progenitores concilien la vida familiar y laboral. Sin duda el contexto perfecto para la proliferación de las situaciones de ciberviolencia y ciberacoso. La educación, en etapas no universitarias solo puede y debe ser presencial y una muestra de ello es que, lejos de diluirse, el confinamiento y la educación no presencial no detuvieron las situaciones de violencia y acoso. Solo mutaron en forma de ciberviolencia y ciberacoso.  

¿Existe preparación suficiente entre docentes y profesionales de la educación y entornos educativos para manejar de forma efectiva casos de acoso y violencia escolar? ¿Cuál es la importancia de la formación en estos campos?

Tal y como cita el informe McKinsey, el techo de calidad de un sistema educativo está directamente relacionado con la formación de sus docentes. Por tanto, la formación inicial y permanente en materia de convivencia debe ser una prioridad para las Administraciones públicas y entidades privadas que participan en la formación del profesorado.  

En esa línea, se debería incorporar en los planes de estudios universitarios de magisterio, así como en los del máster de secundaria, una mayor presencia de objetivos y contenidos explícitamente relacionados con la promoción de la igualdad y la convivencia y la prevención y resolución pacífica de los conflictos, especialmente aquellos que puedan ser constitutivos de acoso o ciberacoso escolar.  

Sin perjuicio de ello, también conviene señalar que los órganos directivos de la administración educativa y las entidades privadas que participan de la formación del profesorado han incrementado la planificación y desarrollo de cursos, jornadas, seminarios que centran su atención precisamente en la igualdad y convivencia, resolución pacífica de los conflictos, mediación o actuación ante los posibles casos de acoso escolar. 

¿Cómo son los protocolos de prevención e intervención en casos de violencia y acoso escolar? ¿Cómo se adaptan estos a entornos virtuales?

Cada comunidad autónoma, en ejercicio de su competencia en materia educativa, ha desarrollado un marco normativo propio que regula los derechos y deberes del alumnado y del resto de miembros de la comunidad educativa. Así mismo, también han desarrollado normativa específica que regula la elaboración del plan de igualdad y convivencia en los centros educativos. Dentro de este marco, se especifican protocolos de actuación ante posibles casos de acoso escolar.

Estos protocolos de actuación se fundan en los principios de la importancia de la prevención; intervención coordinada; sistematización y eficacia y necesidad de confidencialidad y protección de la posible víctima. Sobre estos principios, los protocolos concretan una serie de actuaciones a realizar por parte de la dirección del centro que se orientan a proteger a la posible víctima; recabar y documentar toda la información sobre los hechos ocurridos; informar y obtener la colaboración de los progenitores de la posible víctima y acosador; establecer medidas educativas o sancionadoras a las personas agresoras y establecer un seguimiento periódico que garantice la convivencia en el centro educativo.

Dichos protocolos se desarrollan bajo los mismos principios y actuaciones con independencia de si la situación de acoso se ha producido dentro del centro educativo; fuera del centro educativo o en entornos virtuales. 

¿Con qué herramientas cuentan los docentes y profesionales de la educación para prevenir e intervenir en este tipo de problemáticas?

La principal herramienta es la prevención. No existe mejor protocolo que aquel que no se llega a aplicar y esto ocurre, con carácter general, cuando las medidas de actuación primarias se han desarrollado de forma adecuada. Es por ello que todos los centros educativos deben elaborar, desarrollar y evaluar un plan de igualdad y convivencia cuyo principal objetivo es precisamente la promoción de la convivencia en los centros y la resolución pacífica de los conflictos. Dentro de este marco, los centros educativos tienen autonomía pedagógica y organizativa para diseñar todas las iniciativas, actividades, proyectos o colaboraciones con agentes externos que se orienten hacia este objetivo.

Al efecto de facilitar este importante objetivo, la última reforma de la ley orgánica de Educación ha impulsado la creación de la figura de la persona coordinadora de bienestar y protección. Un figura docente que, sin duda, tendrá como principal función la de impulsar las actuaciones diseñadas en el plan de convivencia; la formación permanente del profesorado en materia de igualdad y convivencia así como la mediación en la resolución de los conflictos.                 

En tu experiencia profesional ¿Qué cambios se necesitan a nivel legislativo y de recursos para mejorar la prevención e intervención en las aulas (virtuales y físicas) frente a la violencia y acoso escolar?

El marco normativo no es una debilidad. Parece oportuno destacar que existe legislación suficiente y actual en la cual se establecen los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como normas que regulan el desarrollo de los planes de convivencia. Conviene señalar la necesidad de impulsar la formación de todo el profesorado en esta materia. Una formación que alcance a todos los docentes y que se oriente hacia una mayor sensibilización respecto a la necesidad de prevenir la violencia y el acoso escolar; que dote al personal docente de recursos suficientes, motivadores y creativos que permitan conectar al alumnado, familias y docentes entorno al plan de convivencia convirtiendo así a los centros en espacios seguros y promotores de la paz.