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Desde siempre, una de las mayores aspiraciones de los letrados en el cumplimiento de la  función que le es propia, es la de tratar de ser lo más convincente posible ante el juez,  al objeto de conseguir de éste una resolución favorable a sus pretensiones, debiendo, para ello, desplegar ante el órgano jurisdiccional todas sus habilidades jurídicas. De entre ellas, la claridad y la brevedad en la exposición deberían constituir la norma y nunca la excepción. No obstante, el uso de determinadas técnicas, y sobre todo la práctica, pueden contribuir de manera eficiente a mejorar las capacidades necesarias para afrontar las cuestiones habituales a que nos enfrentamos los abogados. En concreto, la asignatura de Ejercicio de la Abogacía y Deontología Profesional que se imparte en el curriculum formativo del Máster de la Abogacía y Práctica Jurídica de la VIU, ha venido centrando gran parte de su contenido en facilitar a los alumnos recursos adecuados que permitan desarrollar sus aptitudes tanto orales como escritas.

Y es precisamente en relación con la redacción de escritos procesales -y dado que el principio de escritura continúa teniendo una presencia considerable en el ámbito procesal en nuestro ordenamiento jurídico (sobre todo en el derecho administrativo)-, donde se debe focalizar la atención y el esfuerzo de desarrollar al máximo tales capacidades. Pero, además, con el claro objetivo de tratar de conseguir que los textos no sean en exceso farragosos en cuanto a su contenido y que su extensión no dificulte su ya de por sí muchas veces difícil comprensión, todo ello,  igualmente, en aras a encaminar la práctica profesional hacia un modelo más ágil y eficiente de la actividad procesal en donde la irrupción de las nuevas tecnologías está también contribuyendo notablemente a su consecución.

En este sentido, el acuerdo, que con carácter de recomendación ha adoptado la Sala de Gobierno del TS el 20 de abril de 2016, ha venido a delimitar el núcleo de la cuestión, de tal modo que no quepan dudas a la hora de determinar de manera clara y precisa cual debe ser la extensión máxima de los escritos de interposición de los recursos y los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, impartiendo las oportunas instrucciones para facilitar la máxima uniformidad en su aplicación. Con la orden de la Sala de Gobierno del TS se pretende facilitar la lectura, análisis y decisión por parte del Alto Tribunal de los escritos que se presenten ante la Sala 3ª, así como establecer una estructura y formato uniformes con vistas a su presentación telemática o a su posterior tratamiento digital, permitiendo una rápida localización del propósito del escrito y de los datos de identificación que sean necesarios para su análisis y posterior resolución. Todo ello ante el previsible aumento del número de resoluciones que tendrán acceso al recurso de casación en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA tras la reforma introducida por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, que exigirán un notable esfuerzo por parte del tribunal y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a éste.

Sin duda, esto debería llevarnos a la conclusión de la importancia que para el máximo órgano jurisdiccional ha significado la cuestión, y que de igual forma, y en la misma medida, debería suponer también para los letrados, y de la oportunidad de poder establecer así un punto de partida para acomodar la redacción de escritos a dichas recomendaciones. Si bien, no limitándolo sólo al ámbito del derecho administrativo, sino ampliándolo también a cualquiera de las restantes áreas del ordenamiento jurídico. Se trataría de conseguir la mayor diligencia en el proceso judicial por parte de todos, incluidos los letrados, quienes constituyen también una pieza esencial en el mismo.

A pesar de que esta decisión de establecer normas o instrucciones destinadas a regular la extensión máxima y otros requisitos extrínsecos de los escritos que se presenten ante el Tribunal Supremo constituye una novedad en nuestro ordenamiento, esta cuestión sí se ha tratado y ha estado prevista en el ámbito judicial en otros Tribunales de nuestro entorno. No ha sido desconocido, por ejemplo,  ni por  el Tribunal General ni por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los cuales disponen ya de normas que regulan, incluso de forma muy detallada, la extensión, el formato y la estructura de los escritos que ante ellos se presentan, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

La realidad es que con este acuerdo adoptado ahora por la Sala de Gobierno del TS se ha dado un paso muy importante hacia la pretendida modernización de la justicia en nuestro país, lo que ha venido constituyendo el objetivo del legislador en los últimos años, y que se ha concretado, asimismo, en las más recientes reformas de los textos procesales -fundamentalmente de la LEC- en el marco de una progresiva aplicación e implantación tecnológica del sistema.  En tal caso, esta nueva perspectiva comporta la exigencia de un mayor esfuerzo por parte del órgano jurisdiccional, por un lado, y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este Tribunal, por otro. Todo ello, con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para ahorrar costes y mejorar la eficiencia, al tiempo que se permite agilizar los procedimientos.

 De ahí,  que la presentación de escritos en los que de forma clara, estructurada y concisa, se identifiquen los requisitos exigidos por la ley para su admisión,  pase a ser una exigencia del nuevo modelo diseñado legalmente. Especial importancia tienen en este aspecto, tal y como indica la citada orden,  la perfecta identificación y fácil localización de los argumentos en los que el recurrente vaya a fundamentar la justificación de la relevancia, por ejemplo, de las infracciones denunciadas.

Así, conforme a lo señalado en la Orden, se prevé que los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50.000 «caracteres con espacio», equivalente a 25 folios. Se prevé igualmente que el texto figurará en una sola cara de la hoja (anverso) y no en ambas (anverso y reverso). Esta extensión máxima incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que eventualmente pudieran incorporarse. Asimismo se contempla que el Abogado deberá certificar al final del mismo el número de caracteres que contiene el escrito que presenta. En relación con el formato se señala que se utilizará para el texto como fuente «Times New Román», con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen. En relación con los escritos de preparación y de oposición deberán tener una extensión máxima de 35.000 «caracteres con espacio», equivalente a 15 folios, escritos solo por una cara (anverso) incluyendo esta extensión máxima las notas a pie de página, esquemas o gráficos que eventualmente pudieran incluirse en dicho escrito.

De esta forma, podría decirse, que viene a constituir uno más de los  ejemplos que deben obligar a los profesionales de la abogacía a que, ante los retos de las novedades y exigencias de adaptación que se plantean en la actualidad,  se establezca entre sus prioridades la capacidad de estructurar las ideas, sintetizarlas y concretarlas de manera adecuada,  lo que contribuirá, sin duda, de manera sólida a un mejor entendimiento de lo pedido y por tanto unas mayores posibilidades de éxito y de satisfacción  en la defensa de los intereses del cliente. El abogado deberá huir, en tal caso,  de los escritos farragosos, poco o deficientemente estructurados, resultando además trascendental en las demandas y demás peticiones en orden a dictar una sentencia adecuada en derecho, fijar con precisión los hechos, la acción ejercitada y lo pedido. No debe obviarse, pues,  de esta forma, la utilidad de la aplicación al mundo jurídico de la máxima de que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6519.pdf

 

María Jesús Navarro Martínez

Profesora VIU

Ejercicio de la Abogacía y Deontología Profesional

Máster de la Abogacía y Práctica Jurídica