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En los tres últimos meses nos ha sorprendido la frenética labor legislativa que se ha llevado a cabo y que ha provocado importantes novedades de las que no ha quedado exento ninguno de los sectores jurídicos.

Centrados en el nuestro, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entendemos oportuno pincelar las modificaciones que ha supuesto la aparición en nuestro escenario laboral la Orden ESS/1187/2015 de 20 de junio de 2015[1] cuya entrada en vigor se produjo el pasado día 1 de diciembre.

La normativa implanta un sistema de bajas médicas novedoso, atribuyendo competencias a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para la declaración de la baja y alta médica cuando la contingencia que origina la situación de incapacidad temporal es profesional, esto es, se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Para el resto de situaciones de incapacidad temporal (es decir, las que se deriven de una contingencia común –enfermedad común o accidente no laboral-) la competencia descansará sobre los facultativos de Medicina de Familia.

De otro lado, se desglosan –y esto también es original- los tipos de baja médica, entendiendo que existen:

a.- Incapacidades temporales de “muy corta” duración; situación que se produce cuando previsiblemente el trabajador se recuperará en menos de cinco días. En estos supuestos, el prestador de servicios no tendrá que acudir nuevamente a la consulta (como hasta ahora ocurría) por cuanto en la primera visita obtendrá no solo el parte de baja sino también el correspondiente a su alta médica.

b.- Incapacidades temporales de “corta” duración, si se prevé que la duración estará comprendida entre los cinco días y los treinta.

Si es esta la realidad ante la que nos encontramos, el trabajador deberá acudir nuevamente a la consulta en el plazo que el facultativo entienda pertinente, sin que en ningún caso se pueda superar el lapso de siete días. En esa nueva visita se confirmará la situación de baja laboral o bien se procederá a cursar el alta correspondiente por curación. El resto de los partes se expedirá cada catorce días.

c.- Incapacidades temporales de “media” duración, entendiéndose como tales aquellos procesos que se prolongan más de treinta días sin rebasar los sesenta y uno. Los partes de la segunda confirmación varían con respecto a lo señalado en el párrafo anterior. Así, el primer parte de confirmación se producirá a los siete días (plazo máximo) y los subsiguientes se expedirán cada veintiocho días (de nuevo lapso máximo).

d.- Incapacidades temporales de “larga” duración, cuando a juicio del facultativo se entiende que la recuperación no se producirá hasta que transcurran, al menos sesenta y un días. El primer parte de confirmación ha de emitirse en un plazo máximo de catorce días y los subsiguientes se podrán demorar hasta alcanzar el límite de treinta y cinco.

No obstante, queda expedita la posibilidad de que ulteriormente (a través de los oportunos partes de confirmación) se pueda alterar las iniciales previsiones, en atención a las circunstancias sanitarias que concurren en el trabajador afectado por un proceso de incapacidad temporal.

El período al que alude la norma tiene en consideración, ex art.5.2 CC, los días naturales.

Los profesionales que tienen la responsabilidad de declarar las bajas (facultativos del servicio público de salud o de las mutuas) se servirán unas “tablas” elaboradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en donde se recogen las diferentes patologías y la incidencia que estas suponen para la realización de lo que viene siendo la profesión habitual del trabajador afectado con relación a la edad.

Continúa intacto el plazo de comunicación que tiene el trabajador para hacer saber a su empresa la situación de incapacidad temporal que atraviesa. En este sentido, dispondrá de tres días para presentar la copia del parte de baja y veinticuatro horas para hacer lo propio con el parte de alta.

La última novedad a referir es la relativa a los nuevos impresos o modelos de parte de baja y alta.

Estaremos atentos a la incidencia que esta modificación puede provocar sobre las duraciones de los procesos y, lo que a nuestro juicio es más relevante, si se adecúan realmente a los tiempos de curación que presenta el trabajador.

 

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[1] Se deroga Orden de 19 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril.

María José Asquerino Lamparero
Colaborador docente en el Grado de Derecho.